El conocimiento y los desarrollos generados para cumplir con la normativa se convierten en activos que fortalecen el patrimonio de la empresa, mejoran su posición competitiva y se proyectan en el largo plazo. La Ley REP, en este sentido, no es una barrera para el negocio, sino una oportunidad que puede impulsar a las organizaciones a integrar la sostenibilidad como un pilar gravitante de su estrategia de innovación y de propiedad intelectual.
Publicado en El Mercurio Legal – 4 de julio, 2025
Por Gustavo Guíñez
La Ley 20.920, que establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), suele ser vista por las empresas como una obligación, un nuevo costo operativo que se suma a la gestión diaria. Si bien es cierto que esta normativa impone el deber de organizar y financiar la gestión de los residuos de los «productos prioritarios» que se comercializan, reducir su alcance a una mera carga financiera es un error estratégico.
Si analizamos este marco legal de forma más profunda, este marco legal puede ser un catalizador que conecta una obligación ambiental con una oportunidad de negocio, creando un puente entre la sostenibilidad y la propiedad intelectual e industrial
Tradicionalmente, la innovación en la industria ha estado orientada a mejorar la eficiencia, reducir costos de producción o aumentar la calidad del producto, pero dicho cuerpo normativo, fuese bien recibido o no, introduce la dimensión ambiental como un nuevo vector o tierra fértil para la innovación. Ahora bien, es importante destacar que esta ley no innova en este punto, dado que las prácticas en pro del cuidado del medio ambiente datan desde hace décadas.
El hecho de obligar al productor a hacerse cargo del ciclo de vida de sus productos, incentiva el desarrollo de nuevas formas de diseño, producción y reciclaje. Y aquí es donde encontramos un punto de encuentro con la propiedad intelectual e industrial.
Las empresas que deciden abordar este desafío desde una perspectiva innovadora pueden generar invenciones, sistemas o procesos que tienen un valor intrínseco. Por ejemplo, un nuevo método para separar residuos plásticos, un material de envase que facilita su reutilización o un software para la trazabilidad de los desechos, son creaciones que pueden ser protegidas. Las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales son los instrumentos legales que permiten proteger estas innovaciones, otorgando a la empresa un derecho exclusivo sobre su uso. De esta forma, lo que nace como una necesidad ambiental se convierte en un activo intangible, valorizable y objeto de diferenciación en el mercado.
Pero el alcance de esta sinergia va más allá de las patentes y producciones como el diseño gráfico de un envase reciclable o de las infografías para educar al consumidor sobre la disposición final de los residuos, son obras que pueden estar sujetas a protección por el derecho de autor.
Paralelamente, la marca comercial, que siempre ha sido un pilar de la reputación empresarial, adquiere un nuevo rol relevante en un mercado donde el consumidor valora cada vez más la sostenibilidad. El “eco-etiquetado” y las certificaciones se convierten en elementos atractivos para comunicar este compromiso, en la medida que sean veraces o comprobable, mientras que las prácticas de «greenwashing» no solo dañan la credibilidad de la marca, sino que también pueden acarrear sanciones legales.
Incluso podrían surgir marcas colectivas que distingan a un grupo de productores que cumplen rigurosamente con los criterios de la Ley REP, lo que a su vez eleva el estándar del sector.
La implementación de la Ley REP es, en esencia, un caso de estudio: una obligación legal y regulatoria se transforma en una oportunidad tangible para crear valor. Quienes perciban esta normativa únicamente como un costo, se limitarán a cumplir con los mínimos y afrontarán el gasto que implica; sin embargo, las empresas que adopten una visión estratégica entenderán que este marco legal, más allá de sus defectos o vacíos, es una invitación a innovar o a diferenciar su oferta.
El conocimiento y los desarrollos generados para cumplir con la normativa se convierten en activos que fortalecen el patrimonio de la empresa, mejoran su posición competitiva y se proyectan en el largo plazo. La Ley REP, en este sentido, no es una barrera para el negocio, sino una oportunidad que puede impulsar a las organizaciones a integrar la sostenibilidad como un pilar gravitante de su estrategia de innovación y de propiedad intelectual.