Los países que lideran en patentes no lo hacen al azar: lo hacen porque decidieron que inventar sería parte de su identidad nacional. Chile, con su potencial, puede tomar la misma decisión. Pero eso exige una convicción política y cultural que todavía está pendiente. Si queremos que Chile dé el salto al desarrollo, debemos dejar de ver las patentes como un lujo de países ricos y empezar a verlas como la herramienta que convierte conocimiento en progreso.
Publicado en El Mercurio Legal– 28 de noviembre, 2025
Por Gustavo Guíñez
Las cifras recientes del informe “IP Facts and Figures 2024”, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), son contundentes: Asia concentra cerca del 70% de las solicitudes de patentes a nivel mundial (China, Japón y Corea del Sur), mientras que América Latina y el Caribe ostentan una participación marginal. Chile sigue esta tendencia. Las solicitudes de patente de invención nacionales en 2023 representaron una fracción mínima de las cifras globales; aunque el número absoluto ha crecido ligeramente, estamos lejos de consolidar una cultura de innovación que se traduzca en protección de propiedad industrial efectiva.
Lo cierto es que el número de solicitudes de patentes es más que un dato técnico, sino que también refleja el nivel de desarrollo productivo, científico y cultural de un país. Una patente es reflejo de creatividad convertida en soluciones nuevas, efectivas y transferibles al mercado. Y un alto nivel de patentamiento es un indicador de que la institucionalidad funciona, que la inversión en I+D es consistente y que existe una vinculación virtuosa entre el Estado, la academia y el sector privado.
En Chile contamos con fortalezas innegables: universidades con líneas de investigación sólidas, fondos públicos para financiar la innovación (ANID, Corfo), una institucionalidad moderna y líder en Latinoamérica como INAPI, y legislación y tratados internacionales actualizados (incluyendo la opción de PCT como Oficina Receptora y PPH). Sin embargo, toda esta infraestructura no ha sido suficiente para evitar que la investigación se quede en el laboratorio, un paper o una tesis, perdiendo la oportunidad de protección y transferencia tecnológica.
Según las métricas de INAPI, la brecha es evidente: cerca del 85% de las solicitudes de patentes son de origen extranjero; en otras palabras, nuestro país no logra transformar el conocimiento en invenciones protegidas a una escala relevante.
La ineficacia de la cadena de innovación chilena se explica por tres factores estructurales. En primer lugar, el Estado destina solamente alrededor del 0,34% del PIB a I+D, cifra que según la OCDE, palidece frente al 2,6% promedio del bloque y al 4,9% de Corea del Sur. Con este nivel de recursos, es difícil generar la masa crítica de invenciones susceptibles de protección.
Segundo, la relación entre el mundo académico y el sector productivo es débil. Si bien existen Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTL), la mayoría de los proyectos no encuentra socios industriales dispuestos a licenciar o desarrollar los resultados. En las economías que lideran el patentamiento, esta colaboración es estratégica y continua, no obstante, en Chile sigue siendo una excepción.
En tercer lugar, muchas Pymes innovan empíricamente sin la asesoría técnica y jurídica para proteger sus desarrollos, dejándolos vulnerables a la copia y al dominio público. A esto se suma la percepción de que el proceso de solicitud de patente es complejo, lento y costoso, lo que desincentiva su uso.
En esta línea, la propiedad industrial se debe asumir como un pilar de la política pública, no como un anexo administrativo, para lo que se requiere una interconexión robusta entre las universidades, organismos públicos (Ministerio de Ciencia, ANID, Corfo) y el sector privado.
Desde la academía, debemos revertir la sobrevaloración del paper por sobre la patente, es decir, un cambio en la medición de la productividad: incluir la cantidad y calidad de patentes presentadas y transferidas tecnológicamente. Esto debe ir acompañado de incentivos institucionales claros, como premios, créditos académicos y financiamiento preferente para proyectos que contemplen resultados patentables y comercializables.
Además, los reglamentos sobre titularidad de algunas instituciones académicas actúan como un desincentivo, pues obligan a los investigadores a ceder el 100% de los derechos patrimoniales a la institución sin una retribución económica adecuada, paralizando el proceso de investigación y patentamiento.
El bajo número de patentes en Chile indica que la cadena de innovación está incompleta. Contamos con talento, infraestructura y un sistema de PI funcional, pero carecemos de un modelo económico que premie la invención y asuma el riesgo de innovar. Esto contrasta con países como Corea del Sur o China, donde el patentamiento es un indicador estructural de soberanía industrial. En Chile, la protección de la investigación se percibe como un «lujo» debido a los costos y la complejidad, resultando en un país reactivo más que proactivo en la protección.
Se requiere una visión de futuro y un presupuesto estable, donde todos los participantes del proceso de innovación estén interconectados. Los profesionales legales deben insistir en que la PI no es un gasto sin razón, sino una inversión estratégica. Las universidades, por su parte, deben abandonar la visión de que el mercado es un adversario y alinearse con el desarrollo económico y el bienestar social.
Como bien muestran los datos de la WIPO, los países que lideran en patentes no lo hacen al azar: lo hacen porque decidieron que inventar sería parte de su identidad nacional. Chile, con su potencial, puede tomar la misma decisión. Pero eso exige una convicción política y cultural que todavía está pendiente.
Si queremos que Chile dé el salto al desarrollo, debemos dejar de ver las patentes como un lujo de países ricos y empezar a verlas como la herramienta que convierte conocimiento en progreso. El desafío está abierto y requiere creatividad, perseverancia y una visión de largo plazo.