«Para que el conocimiento de la propiedad intelectual e industrial no quede reducido a lo aprendido en un curso aislado, ¿de qué forma transformamos la cultura de una empresa u organismo? Políticas internas claras que definan quién es dueño de qué, cómo gestionar los derechos sobre desarrollo, qué ocurre en casos de colaboración externa y qué incentivos existen para proteger resultados. También ayudaría la implementación de protocolos de divulgación y protección, que sirvan de guía»
Publicado en El Mercurio Legal – 4 de julio, 2025
Por Gustavo Guíñez
En materia de ciencia, tecnología e innovación, Chile ha mostrado un avance constante, aunque el desarrollo de capital humano especializado sigue siendo un eslabón débil y subestimado.
Actualmente, muchos investigadores, desarrolladores, tecnólogos y profesionales de alto nivel avanzan en sus proyectos sin contar con una comprensión mínima y básica de cómo resguardar y proteger sus desarrollos, cómo evitar vulnerar derechos de terceros ni cómo obtener un verdadero beneficio económico de los activos intangibles que generan. La consecuencia es doble: se pierde valor (porque no se protege lo que se crea) y se asume riesgo jurídico (porque no se entiende el entorno legal en el que se opera).
¿Cómo revertimos esto? Una vía es incluir la protección de la propiedad intelectual desde la idea inicial en el marco del proceso de creación e investigación: no basta con reunirse con un especialista cuando ya existe una invención, diseño o software terminado, sino que debe estar presente desde las fases iniciales de cualquier proceso de investigación, diseño o innovación.
Cuando el profesional entiende la lógica de la PI desde el inicio, puede tomar mejores decisiones técnicas, comerciales, elegir mejores socios, evitar filtraciones y orientar su trabajo hacia un resultado con valor protegido.
Esto requiere educación práctica y no solo teórica: conocer casos reales, enseñar a identificar activos intangibles, e integrar módulos de PI en la formación profesional técnica y científica avanzada. Esa educación puede materializarse en capacitaciones, talleres (workshops), seminarios y otras iniciativas.
En esta línea, es central mejorar el trabajo profesional con perspectiva PI. Si un equipo de investigación en R&D sabe lo que debe cautelarse, cuándo conviene mantener el secreto industrial o cómo proteger el software, el trabajo técnico mejora: existe mayor planificación, mejores estrategias de difusión y una gestión más eficiente del conocimiento.
La propiedad intelectual no es una limitante, sino que un complemento focalizador. Ayuda a centralizar, priorizar y capitalizar los esfuerzos económicos y profesionales. Es un elemento que robustece la calidad del trabajo técnico y académico, así como facilita incluso procesos de financiamiento o transferencia tecnológica.
Por otro lado, no se puede ignorar la importancia de la planificación y gestión estratégica en los negocios. En el panorama empresarial actual —muy dinámico y caracterizado por el auge de las colaboraciones, incubadoras y startups—, se torna fundamental que el capital humano desarrolle la capacidad de desenvolverse con mayor confianza en el entorno legal.
Esta competencia implica el dominio de ciertos instrumentos legales esenciales: desde acuerdos de confidencialidad (NDA) hasta acuerdos de codesarrollo y de transferencia. Asimismo, resulta relevante comprender el alcance de las concesiones y licencias, así como la determinación de los términos de propiedad sobre los resultados derivados de proyectos colaborativos.
No se espera que sean abogados dedicados a otras especialidades quienes redacten siempre este tipo de documentos, pero sí que tengan nociones de su existencia y recurran a un profesional experto para prevenir efectos no deseados que pudieran afectar al negocio por no contar con su consejo oportunamente.
También es relevante comprender el valor económico de la propiedad intelectual. Esto implica que el investigador considere los derechos asociados a patentes, marcas, diseños, derechos de autor o secretos comerciales; también a sus posibles usos, como exclusividad, licenciamiento, spin-off y franquicia. Asimismo, deberán considerarse los factores que influyen en su valorización, tales como nivel de protección, alcance geográfico, potencial de mercado, grado de innovación, potencial de internacionalización, entre otros.
No obstante, una piedra angular para concretar este proceso es institucionalizar la cultura de la propiedad intelectual, es decir, desde el conocimiento individual al hábito colectivo.
Para que el conocimiento de la propiedad intelectual e industrial no quede reducido a lo aprendido en un curso aislado, ¿de qué forma transformamos la cultura de una empresa u organismo? Políticas internas claras que definan quién es dueño de qué, cómo gestionar los derechos sobre desarrollo, qué ocurre en casos de colaboración externa y qué incentivos existen para proteger resultados.
También ayudaría la implementación de protocolos de divulgación y protección, que sirvan de guía cada vez que se quiera publicar una investigación, participar en una feria o subir contenido a la web, todos casos en los que debe existir un chequeo previo, para evitar perder derechos por divulgación anticipada.
Bajo lo anterior, las oficinas de transferencia tecnológica deben ser herramientas de apoyo para el investigador, no barreras, fomentando la protección y siendo no solo administradoras. Además, se requieren bonificaciones por registro, reconocimiento institucional, autorías bien gestionadas y la difusión de casos exitosos de profesionales que han logrado capitalizar su conocimiento en una estrategia de propiedad intelectual efectiva.
Formar capital humano ya no basta. Necesitamos formar estrategas del conocimiento: personas capaces no solo de crear, sino de proteger, gestionar y proyectar su trabajo en un entorno competitivo e interconectado.
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